Irene Montero ha situado la vivienda y el precio de los alimentos en el centro de las condiciones con las que Podemos negociaría el apoyo a una investidura de Pedro Sánchez. La candidata de la formación ha defendido este viernes en Madrid que bajar los alquileres, prohibir la compra especulativa de vivienda y limitar los precios de la alimentación deben formar parte de esa negociación. Sus declaraciones fijan una posición política ante un posible pacto: no anuncian un acuerdo cerrado ni medidas ya aprobadas.
En el mismo acto, Montero ha planteado bajar la edad de jubilación a los 63 años, elevar el salario mínimo interprofesional a 1.800 euros al mes y reducir la jornada laboral a 30 horas semanales. El paquete reúne propuestas sobre renta, empleo y servicios públicos, pero no equivale a un cambio inmediato en las obligaciones de empresas, trabajadores o pensionistas.
Alquileres y alimentos, condiciones para negociar
Preguntada por las exigencias que pondría para apoyar una investidura de Sánchez si la aritmética parlamentaria lo permitiera, Montero ha señalado la prohibición de la compra especulativa de vivienda y la bajada y limitación de los precios del alquiler y de los alimentos. “Eso es lo que vamos a negociar”, ha afirmado durante el desayuno informativo celebrado este 6 de noviembre en el Hotel InterContinental de Madrid.
La dirigente ha vinculado esas demandas a la posibilidad de participar en un Ejecutivo que las llevara a cabo. La diferencia importa: expresar la voluntad de negociar o entrar en un Gobierno bajo determinadas condiciones no significa haber pactado una coalición, disponer de una mayoría para la investidura o contar con un calendario legislativo acordado.
Sobre vivienda, ha defendido reservar la compra a los inmuebles destinados a residencia e incorporar al alquiler social las viviendas acumuladas por fondos de inversión. Es el planteamiento que ha expuesto la candidata. Su aplicación necesitaría concretar el alcance de las restricciones, el procedimiento y las garantías jurídicas de cada intervención.
Jubilación a los 63 años, SMI de 1.800 euros y semana de 30 horas
En materia laboral y de pensiones, Montero ha propuesto tres objetivos: reducir la edad de jubilación a 63 años, aumentar las pensiones mínimas y no contributivas y elevar el salario mínimo a 1.800 euros mensuales. También ha defendido una semana laboral de 30 horas, con el argumento de que los avances tecnológicos deben permitir repartir el empleo y disponer de más tiempo libre.
Estos anuncios no alteran por sí solos los requisitos para jubilarse, las cuantías que se cobran o la duración de los contratos. Para quien esté haciendo cuentas, conviene separar la promesa electoral de la norma aplicable: no puede utilizarse el umbral de 63 años como si ya fuera una nueva edad legal de jubilación ni los 1.800 euros como el mínimo salarial vigente.
El cambio de jornada tampoco está aprobado por estas declaraciones. Una propuesta de reducción necesita definir, entre otras cuestiones, cómo se distribuyen las horas y qué reglas se aplican a los distintos sectores. La intervención de la candidata identifica el objetivo político, pero no sustituye el desarrollo de una norma ni su tramitación.
Repsol, sanidad y un supermercado público
Montero ha defendido destinar a políticas sociales recursos que, según su planteamiento, se están dedicando al aumento del gasto militar. Entre los destinos que ha enumerado figuran la nacionalización de Repsol, la contratación de 40.000 profesionales sanitarios y otros tantos docentes, la creación de un supermercado público y la ampliación del parque de alquiler social.
La candidata ha incluido también el refuerzo de los recursos contra la violencia machista y la remuneración del permiso parental de ocho semanas. Son propuestas y estimaciones de la dirigente, no decisiones presupuestarias adoptadas. La enumeración no acredita que unas partidas puedan trasladarse automáticamente a otras ni que estén comprobados los costes de cada medida.
Por esa razón, las cifras de contratación deben leerse como objetivos anunciados por Montero. No son plazas convocadas ni ofertas de empleo a las que se pueda presentar una solicitud. Del mismo modo, la defensa de un supermercado público no supone que exista ya una red abierta al público como consecuencia de este anuncio.
La posición de Podemos frente al PSOE y Frente Amplio
La intervención ha servido también para marcar distancias con Frente Amplio. Montero ha criticado su cercanía al PSOE y el acuerdo de ambas fuerzas para las listas al Senado, al tiempo que ha reivindicado la alianza de Podemos con ERC. Es su valoración del mapa político y de la estrategia de otras formaciones, no una conclusión compartida por los partidos a los que se refiere.
La candidata ha rechazado la apelación al voto útil y ha defendido que los escaños de Podemos pueden servir para impulsar cambios. Ante preguntas sobre el futuro del partido, ha asegurado que seguirá haciendo política con independencia del resultado electoral y ha señalado tanto la actividad institucional como la movilización de su militancia.
La clave del anuncio de este viernes está, por tanto, en las condiciones de una negociación todavía hipotética. Vivienda, alimentación, salarios y pensiones forman el paquete con el que Montero quiere acudir a ella. Hasta que haya acuerdos y normas, no deben confundirse esas posiciones con nuevos derechos reconocidos o prestaciones disponibles. La actualidad política del día incluye también la investigación de la Fiscalía Europea sobre fondos del AVE y la resolución judicial sobre Zapatero y las joyas, asuntos distintos que deben leerse con su propio contexto.
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