La Fiscalía Europea ha abierto una segunda investigación sobre un posible fraude de fondos de la UE destinados a la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla. El organismo ha confirmado este viernes 6 de noviembre que está practicando medidas de investigación en la sede de Adif, en la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF) y en el Tribunal de Cuentas, con el apoyo de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
El objeto de las pesquisas son los fondos europeos asignados a la renovación y la mejora de la seguridad, la señalización y los sistemas de comunicaciones de la línea en la que se produjo el accidente del 28 de octubre cerca de Urda, en Toledo. La confirmación de la investigación no equivale a acreditar que se haya cometido un fraude ni establece por sí sola la causa del siniestro.
Una investigación abierta de oficio
La Fiscalía Europea explica en su comunicado de este 6 de noviembre, publicado también en español, que la investigación se inició por iniciativa propia, ex officio. Es el organismo europeo el que ha puesto en marcha las pesquisas sobre la posible afectación a los fondos comunitarios.
La nota sitúa las actuaciones de hoy en tres instituciones: Adif, responsable de la infraestructura ferroviaria; la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria; y el Tribunal de Cuentas. El organismo no especifica qué documentos busca en cada una, qué contratos examina ni a qué personas podrían dirigirse las diligencias. Tampoco anuncia detenciones en esta comunicación.
La expresión que utiliza es «medidas de investigación». No detalla su naturaleza, de modo que no permite describir todas las actuaciones como registros ni atribuir a cada institución una condición procesal que la Fiscalía no ha comunicado. La participación de la UCO figura expresamente como apoyo a la investigación europea.
El foco está en los fondos para seguridad y comunicaciones
La comunicación delimita el destino del dinero investigado: la renovación y mejora de la seguridad, la señalización y los sistemas de comunicaciones del corredor Madrid-Sevilla. No ofrece un importe de fondos presuntamente defraudados, no identifica adjudicatarios ni publica una relación de contratos bajo sospecha.
Esa cautela separa el alcance confirmado de las preguntas todavía abiertas. Investigar cómo se utilizaron los fondos europeos no demuestra que un elemento concreto de la vía fallara, ni que ese eventual fallo provocara el accidente. La Fiscalía sitúa las pesquisas en la línea donde se produjo el siniestro, pero no presenta en su nota conclusiones sobre la relación entre ambas cuestiones.
Una segunda pesquisa, distinta de la anunciada en marzo
La Fiscalía recuerda que en marzo de 2026 ya había abierto otra investigación relacionada con la misma línea de alta velocidad. La nota de hoy presenta la nueva causa como una segunda investigación: no se limita a volver a anunciar la anterior.
El comunicado no explica si ambas investigaciones compartirán diligencias o se coordinarán mediante algún procedimiento específico. Por tanto, no permite tratarlas como una sola causa ni sumarles otros procedimientos por el hecho de que aparezcan las mismas instituciones o unidades policiales.
La nueva actuación llega en un corredor que ha concentrado la atención pública desde Urda. El Prisma ya recogió la comparecencia de Óscar Puente sobre la reducción de trenes Madrid-Sevilla y los controles tras el accidente. Aquellas medidas de explotación y control ferroviario no son una conclusión de la investigación sobre fondos que ahora confirma la Fiscalía Europea.
La Fiscalía limita la información pública
El organismo justifica la «confirmación excepcional» de las pesquisas por el gran interés público del asunto y advierte de que no facilitará más detalles en esta fase. La nota no fija una fecha para nuevas comunicaciones ni anticipa cuándo podrían conocerse resultados.
La Fiscalía Europea es la fiscalía independiente de la Unión Europea encargada de investigar, ejercer la acción penal y llevar a juicio los delitos que afectan a los intereses financieros de la UE. Esa competencia explica el foco en la posible afectación a fondos comunitarios: no convierte la apertura del expediente en una declaración de responsabilidad sobre el accidente.
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