Las almazaras españolas deberán retirar temporalmente del mercado el 12% del aceite de oliva producido desde noviembre en la campaña 2026/2027. La resolución publicada este viernes 6 de noviembre en el Boletín Oficial del Estado activa la obligación de almacenamiento hasta el 30 de septiembre de 2027. Agricultura calcula que la medida supondrá inmovilizar unas 188.000 toneladas para regular la oferta ante el aumento previsto de la cosecha y de las existencias.
La retirada no es una alerta sanitaria ni una orden de destruir aceite. El producto deberá conservarse en instalaciones propias o ajenas de las almazaras. Tampoco se retiran de los supermercados todas las botellas de una categoría: la norma afecta a los productores y les permite elegir qué categoría de aceite mantienen almacenada.
Qué producción entra y cuál queda fuera
La resolución de la Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios, firmada el 4 de noviembre y con efectos desde su publicación, establece que el porcentaje se aplica sobre la producción declarada correspondiente a noviembre de 2026. El aceite declarado en octubre o en meses anteriores queda expresamente excluido.
La obligación se calcula sobre la producción mensual acumulada desde ese punto de partida. Por tanto, no basta con apartar una cantidad una sola vez y olvidarse de ella: el volumen retirado debe seguir cumpliendo el porcentaje conforme avance la campaña. Cada almazara tendrá que poder acreditar tanto la cantidad inmovilizada como las instalaciones en las que la guarda.
El Ministerio sitúa el volumen orientativo en 188.000 toneladas. Es una estimación del efecto de la medida, no una cuota idéntica para cada empresa. La obligación individual depende de su propia producción declarada y del calendario fijado en el BOE.
Una cosecha mayor y más aceite de enlace
Los datos que sustentan la decisión combinan un aforo de 1.602.596 toneladas para la campaña 2026/2027 con unas existencias iniciales de 357.040 toneladas. Según el comunicado de Agricultura, la previsión de producción supera en un 23% la de la campaña anterior y las existencias de enlace crecen un 23,3%.
El departamento atribuye la buena previsión a las temperaturas suaves y las lluvias de la primavera, que favorecieron la floración y el cuajado del fruto. El aforo sigue siendo una estimación de cosecha, no la cantidad definitiva de aceite que ya ha salido de las almazaras.
Regular la oferta no equivale a fijar el precio
La medida desarrolla la Orden APA/1145/2026, publicada el 30 de octubre. Esa norma permite activar el almacenamiento cuando los recursos previstos alcanzan el umbral establecido respecto a las seis campañas anteriores y fija un límite máximo de retirada del 20% de la producción estimada. La resolución de hoy concreta el porcentaje en el 12%.
La orden ministerial recuerda que las reglas europeas permiten regular la oferta, pero no fijar precios ni bloquear un porcentaje excesivo de la producción normalmente disponible. La finalidad declarada es estabilizar el mercado. No garantiza una cotización concreta para el agricultor ni permite anticipar cuánto pagará el consumidor por una botella.
Conviene distinguir esas dos fases. La intervención actúa sobre la primera comercialización del aceite y su disponibilidad en origen. El precio final incorpora otras operaciones y costes, de modo que no se puede traducir automáticamente el 12% inmovilizado en una subida del 12% en la tienda.
La industria anuncia un recurso y Competencia advierte de riesgos
La decisión no cuenta con un respaldo unánime del sector. El director de Anierac, Primitivo Fernández, ha anunciado a El Mundo que los envasadores recurrirán la medida. Según esa información, todavía no ha precisado la instancia ni si solicitarán su suspensión cautelar. El anuncio de un recurso no suspende por sí solo la obligación publicada.
La CNMC advirtió el 5 de octubre, al evaluar el proyecto de orden, de que restringir la oferta podía afectar a precios, calidad y variedad. Recomendó justificar la intervención con datos de demanda y comercio y medir sus efectos sobre los consumidores de menor renta. Era una valoración del proyecto, no una resolución que anule la retirada de hoy.
Controles y posible revisión desde diciembre
La producción y las existencias se comunicarán por los canales del Sistema de Información de los Mercados Oleícolas. Un grupo técnico coordinado por Agricultura aprobará el plan de control y las comunidades autónomas efectuarán las comprobaciones que les correspondan. Los operadores deben facilitar documentación y controles sobre el terreno cuando se les requiera.
La orden prevé revisar la evolución de la producción, la demanda y el precio a partir del 31 de diciembre de 2026. Esa evaluación puede dar lugar a una reducción de la cantidad que debe permanecer retirada mediante otra resolución publicada en el BOE. Mientras no exista ese cambio, la fecha de referencia para el almacenamiento sigue siendo el 30 de septiembre de 2027.
El equilibrio entre oferta agrícola y reglas comerciales también está en el centro del debate sobre los acuerdos comerciales y el campo español, aunque se trata de instrumentos distintos y no de la causa de esta retirada.
Fuentes: BOE, Ministerio de Agricultura y RTVE.
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