Ada Colau propuso el 6 de noviembre en Málaga una ley para expropiar viviendas de propietarios corporativos en tres fases, según el anuncio original del Frente Amplio. El plan empezaría por entidades con más de 1.000 viviendas y acabaría en empresas con más de 50. No es una ley aprobada.
Ada Colau en el Festival Encuentro, Castiglione del Lago (Italia), el 1 de junio de 2024. Archivo: no es el anuncio de Málaga de noviembre de 2026. Foto: Robo71, CC0 1.0, vía Wikimedia Commons. Redimensionada, sin recorte editorial. Fuente y autor · Licencia CC0 1.0.
Los umbrales de la propuesta
El comunicado del Frente Amplio, publicado el 6 de noviembre, sitúa la presentación de su candidata a la presidencia del Gobierno ante el edificio de Ollerías 15, en Málaga. El partido describe una aplicación progresiva sobre el parque residencial de grandes propietarios corporativos:
- Primera fase: entidades con más de 1.000 viviendas; el comunicado cita a Blackstone y CaixaBank.
- Segunda fase: tenedores con más de 700 viviendas.
- Tercera fase: empresas propietarias de más de 50 inmuebles.
Esos umbrales pertenecen a una propuesta electoral. No constituyen un calendario de expedientes ni significan que ya haya viviendas expropiadas. La alianza afirma expresamente que la medida se dirige sólo a propietarios corporativos y deja fuera a las familias con su casa o un piso alquilado.
La Sareb y el parque público
El mismo anuncio propone adscribir obligatoriamente todas las fincas urbanas y suelos residenciales de la Sareb al parque público de vivienda. Es otra parte del plan, no una transferencia ejecutada con este comunicado. Un suelo residencial tampoco equivale por sí solo a una vivienda terminada y disponible.
La nota vincula la iniciativa a un paquete fiscal con el que el Frente Amplio sostiene que recaudaría 10.000 millones de euros adicionales al año para varias políticas públicas. Esa es una previsión del partido sobre el conjunto de sus impuestos propuestos, no una recaudación acreditada ni el presupuesto de esta expropiación.
Indemnización y desarrollo legal
El artículo 33 de la Constitución exige causa justificada de utilidad pública o interés social, la correspondiente indemnización y conformidad con las leyes para privar a alguien de sus bienes y derechos. Ese marco no resuelve por sí solo el diseño o la viabilidad de esta iniciativa.
El comunicado consultado no publica un articulado completo, una memoria económica ni una fórmula de valoración de los inmuebles. Esta revisión retira la cifra de 100.000 viviendas y la afirmación de indemnizaciones por debajo del mercado, que la fuente original no documenta.
Más contexto sobre vivienda
La convocatoria de 442 viviendas de Casa 47 es un procedimiento de solicitudes distinto de esta propuesta de ley. En el seguimiento posterior, el informe de Consumo sobre habitaciones y alquiler temporal distingue anuncios y viviendas, unidades que no deben confundirse al medir oferta. Y la votación de los decretos de vivienda del 12 de noviembre permite separar normas convalidadas, normas derogadas y promesas de campaña.
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