La Guardia Civil estima que aproximadamente 88.146 personas podrían haber retornado a Marruecos tras la entrada masiva en Ceuta de los días 30 y 31 de julio. El dato figura en un informe fechado el 27 de octubre y remitido a la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón, según la información publicada este viernes 6 de noviembre por Europa Press y otros medios que han accedido al documento. El mismo informe recoge 862 rescates en aguas españolas y 90 fallecimientos.
La precisión importa: se trata de una estimación de retornos hasta la fecha del informe, no de un censo de todas las entradas de julio ni de 88.146 expulsiones judiciales. Tampoco es un balance actualizado al minuto de este viernes. La cifra forma parte de la documentación solicitada por la instructora para esclarecer lo ocurrido durante la crisis.
Qué cuenta el informe y qué no permite concluir
El fragmento del documento reproducido por El Español emplea las expresiones “se estima”, “podrían haber retornado” y “aproximadamente”. Esas cautelas impiden presentar el número como un registro individual cerrado. El periódico precisa además que el atestado no ofrece una cifra propia de entradas con la que sustituir los balances anteriores.
Las informaciones periodísticas comparan el dato con distintas estimaciones gubernamentales difundidas durante la crisis: unas citan cerca de 72.000 entradas y otras alrededor de 80.000. Sin un registro homogéneo y un mismo periodo de referencia, restar una cantidad a otra no permite calcular por sí solo cuántas personas entraron ni cuántas permanecen en Ceuta. El nuevo informe sí plantea la necesidad de aclarar cómo se han elaborado y relacionado los balances.
862 rescates y 90 fallecimientos comunicados
Los 862 rescates corresponden a actuaciones de los Grupos Especiales de Actividades Subacuáticas (GEAS) y del Servicio Marítimo en aguas de soberanía española. Respecto a los 90 fallecimientos, el documento señala que la Policía Judicial se ha ocupado de las actuaciones relacionadas con las autopsias y el envío de muestras biológicas.
Son datos de naturaleza distinta: los rescates describen intervenciones de auxilio y los fallecimientos, las muertes comunicadas en ese ámbito de actuación. El informe no autoriza a deducir una relación individual entre ambos grupos ni a atribuir automáticamente responsabilidades penales por esas muertes.
Los retornos no son una única categoría administrativa
La Policía Nacional ha comunicado a la jueza sus propias actuaciones. Según laSexta, su informe recoge 2.449 retornos de personas interceptadas en operativos: 1.999 voluntarios y 450 por desistimiento de asilo. También distingue expulsiones judiciales y devoluciones gubernativas.
Esas partidas no deben sumarse sin más a las 88.146 personas estimadas por la Guardia Civil: las publicaciones consultadas no aportan una conciliación que descarte solapamientos. La falta de un recuento común exige mantener separadas las cifras y sus fuentes.
Una investigación abierta, no una sentencia
La Audiencia Nacional sigue investigando las entradas de julio. En otra resolución de esta misma crisis, el Tribunal Supremo informó el 4 de noviembre del archivo de una querella y tres denuncias contra el presidente del Gobierno y miembros del Ejecutivo, al no contar entonces con elementos suficientes para dirigir un procedimiento contra ellos. Aclaró que eso no constituye una declaración definitiva sobre la inexistencia de responsabilidad penal.
El balance de retornos es una novedad distinta de las denuncias de malos tratos documentadas por Amnistía Internacional y recogidas anteriormente por El Prisma. Ni aquellas alegaciones ni los datos policiales de hoy sustituyen la investigación judicial o acreditan por sí mismos la culpabilidad de una persona concreta.
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