Amnistía Internacional eleva a 50 los casos de tortura y malos tratos de militares a migrantes en Ceuta

Amnistía Internacional ha documentado 28 nuevos casos de palizas, humillaciones, vejaciones y abusos de militares contra personas migrantes en Ceuta, 13 de ellos contra menores, con lo que la organización eleva a 50 los casos registrados desde la entrada masiva de personas desde Marruecos del pasado 30 de julio. Lo más grave, según la organización: 18 de los nuevos casos ocurrieron después de que el Ministerio de Defensa anunciara la apertura de una investigación interna, una pesquisa sobre la que la ONG dice no haber recibido información alguna pese a haberla solicitado por carta a la Presidencia del Gobierno y al propio ministerio.

«Tras el anuncio del Ministerio de Defensa de la apertura de una investigación, era de esperar que cesaran los malos tratos, pero no ha sido así: son persistentes, y muestran la impunidad con la que los perpetradores han actuado y, en algunas ocasiones, siguen actuando», ha señalado Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España, en la presentación del nuevo informe, fruto de una segunda visita a la ciudad entre el 23 y el 26 de octubre. La organización también denuncia que no tiene constancia de que haya militares concretos investigados o apartados del servicio, ni de protección frente a represalias para víctimas y testigos.

Palizas nocturnas, táser y porras

El informe recoge agresiones frecuentes con puñetazos, patadas, golpes de porra e incluso descargas de táser, cometidas de noche, en su mayoría por militares regulares, contra personas que dormían en la calle. Las lesiones documentadas, con partes médicos y material gráfico, incluyen fracturas de extremidades y de órbitas oculares, contusiones, hematomas lumbares y brechas en la cabeza compatibles con golpes de defensas reglamentarias. R., padre de tres hijos, relató que la madrugada del 24 de octubre despertó en la carretera de Sidi Embarek con un táser en el pecho: «Me mareé, vomité y me desvanecí, pero nadie me llevó al hospital». M., un tunecino de 40 años, contó que cuatro soldados le dieron puñetazos en la cara en la playa Benítez hasta causarle un hematoma que le dejó dos semanas sin visión en un ojo.

Menores entre las víctimas

Entre los casos hay menores como Z., de 17 años, agredido dos veces en octubre -la primera, con un porrazo en la cabeza por el que recibió diez puntos-, o M., de 15, que cuenta que los militares le rompieron el móvil, su único medio para hablar con su madre, y que al preguntar por qué le respondieron que se callara «o me rompían a mí también». Según los datos del Gobierno de Ceuta citados por la ONG, 3.626 menores han sido registrados y sacados de la calle, pero se estima que al menos 500 siguen durmiendo a la intemperie.

Amnistía documenta además diez casos anteriores al 30 de septiembre -cuatro de ellos contra menores- de torturas o tratos crueles que siguen un patrón de secuestro y traslado en vehículo militar a zonas apartadas, inmovilización con bridas y vejaciones. Cuatro son especialmente graves: el de M., un joven de 20 años que trabajaba de mimo, obligado a desnudarse y a bailar rodeado de 16 o 17 soldados mientras uno le grababa y otro, con un arma cargada, le espetó: «Como no bailes, te voy a enterrar aquí mismo». También recoge siete casos de malos tratos atribuidos a la Policía Nacional y la Guardia Civil.

Criminalización de la ayuda humanitaria

La organización cuestiona asimismo el registro policial bajo orden judicial de la sede de la ONG No Name Kitchen el 22 de octubre y el procedimiento penal por cargos de organización criminal, que considera una escalada para «acallar a quienes ayudan». Le preocupa «especialmente» que la Fiscalía de Ceuta pidiera prisión provisional para dos activistas -que no forman parte de esa organización-, una actitud que, dice, «contrasta radicalmente con la falta de proactividad» en la investigación de los abusos militares. Amnistía reclama una investigación «pronta, imparcial, independiente y exhaustiva», el apartamiento cautelar de los militares implicados y la determinación de responsabilidades penales y disciplinarias, sin olvidar la posible motivación racista de los ataques.