Aldama: juicio civil por Bolaños en febrero y pagos del caso Mascarillas

Víctor de Aldama tiene abierto un nuevo frente civil mientras avanza la ejecución de la condena del caso Mascarillas. El juicio por la demanda de Félix Bolaños, que reclama 70.000 euros por una supuesta vulneración de su derecho al honor, se celebrará el 17 de febrero de 2027, según El País. Por separado, el Tribunal Supremo ha requerido a Aldama, José Luis Ábalos y Koldo García el pago de las cantidades derivadas de la sentencia de junio, de acuerdo con El Mundo y la Cadena SER.

Son dos procedimientos distintos. El primero examinará las declaraciones en las que Aldama acusó al ministro de intentar comprar su silencio, algo que Bolaños niega. El segundo ejecuta las consecuencias económicas de una condena penal ya dictada por el Supremo. La reclamación civil no convierte la acusación de soborno en un hecho probado ni modifica por sí misma la condena del caso Mascarillas.

Un juicio por el honor fijado para febrero

La jueza de la plaza 8 de la sección civil del Tribunal de Instancia de Madrid fijó el juicio para el miércoles 17 de febrero, a las diez de la mañana, después de la audiencia previa celebrada el 4 de noviembre. El País atribuye la información a fuentes jurídicas.

Bolaños presentó la demanda en abril tras las declaraciones que Aldama había hecho en programas de Telemadrid y Cuatro. El empresario sostuvo que se había intentado silenciarle mediante un ofrecimiento económico. El ministro negó conocerle o haber hablado con él y acudió a la vía civil para defender su honor.

Además de la indemnización de 70.000 euros, Bolaños solicita que Aldama se abstenga de repetir afirmaciones del mismo tenor y que publique el encabezamiento y el fallo de la sentencia que recaiga, según la información de El País. Son peticiones de la demanda, no medidas que el tribunal haya concedido ya en una sentencia sobre este asunto.

Las llamadas que se debatieron en la audiencia previa

Las fuentes jurídicas citadas por El País señalan que las tres facturas telefónicas aportadas por Aldama reflejan llamadas salientes de su responsable de comunicación, Ramón Bermejo, a las centralitas del Congreso y del PSOE, no llamadas entrantes. El periódico recoge también que la explicación sobre el supuesto contacto pasó de una llamada a su representante a la intervención de tres emisarios del ministro.

Estos extremos forman parte de la controversia que se someterá al tribunal. Aldama no se retractó en la audiencia previa y mantiene su versión; Bolaños sostiene que las acusaciones son falsas. La cita de febrero servirá para examinar las pruebas y las declaraciones previstas, no para dar por resuelto de antemano el conflicto.

Los pagos de la sentencia del caso Mascarillas

En el procedimiento penal, El Mundo y la Cadena SER informan de que el Supremo ha abierto la ejecutoria y concede quince días para atender las obligaciones económicas. Las multas individuales publicadas son de 52.500 euros para Ábalos, 45.750 para Koldo García y 75.000 para Aldama.

A esas cantidades se añade un decomiso de 430.298 euros reclamado a los tres de forma solidaria por los beneficios procedentes del cohecho. También se requiere a Ábalos y García que indemnicen solidariamente a Ineco y Tragsatec por los salarios cobrados por Jéssica Rodríguez: 34.450 euros y 9.500,54 euros, respectivamente, según el desglose de la SER.

Las informaciones sitúan el conjunto por encima de 647.000 euros, sumando conceptos diferentes. No es una nueva fianza para evitar el ingreso en prisión. La SER distingue además la vía de apremio para multas e indemnizaciones de la intervención de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos en el decomiso.

Qué condenó el Supremo en junio

La comunicación oficial del Consejo General del Poder Judicial del 22 de junio confirma las penas: 24 años y tres meses de prisión para Ábalos; 19 años, ocho meses y un día para Koldo García; y cuatro años y seis meses para Aldama. La condena afecta a delitos de corrupción vinculados al caso Mascarillas, no al litigio civil con Bolaños.

El Supremo suspendió la ejecución de la pena de Aldama por su colaboración con la Justicia, con condiciones como no delinquir, presentar un informe semestral de actividades y realizar un año de trabajos en beneficio de la comunidad. La apertura de la ejecutoria y el juicio civil de febrero deben seguirse por sus propias resoluciones y plazos: comparten al empresario como protagonista, pero no son la misma causa.