Al menos 16 personas murieron y otras 36 resultaron heridas este miércoles en un ataque con dron contra una gasolinera en el distrito de Abasiya, en el estado de Kordofán del Sur, según informó el Gobierno local en un comunicado recogido por la agencia EFE. Las víctimas esperaban en sus vehículos para repostar en medio de la grave escasez de combustible que sufre la región por la guerra, y las autoridades alertaron de que la cifra de muertos puede aumentar por el grave estado de varios heridos.
El Gobierno de Kordofán del Sur atribuyó el ataque a las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), los paramilitares enfrentados al Ejército regular desde abril de 2023, calificó la acción de «crimen de guerra» y exigió que la comunidad internacional declare a las FAR organización terrorista. Las FAR no han reaccionado a las acusaciones. El bombardeo causó además daños en numerosos vehículos y en la propia instalación, según el comunicado recogido por EFE.
«Esto no va de política, va de personas»
El bombardeo encaja en el patrón que Naciones Unidas denuncia desde hace semanas: ataques con drones contra infraestructura civil protegida por el derecho internacional humanitario. Solo el domingo, sendos ataques contra subestaciones eléctricas en las localidades de al-Dabba y Abu Hamad, en el norte del país, dejaron sin luz a amplias zonas; el Gobierno sudanés y el colectivo Emergency Lawyers los atribuyeron a las FAR. La coordinadora humanitaria de la ONU en Sudán, Denise Brown, lo describe así en una entrevista con UN News: «Las fuentes de energía y combustible parecen ser atacadas y destruidas sistemáticamente». En un hospital a las afueras de Jartum, cuenta, un corte de electricidad por uno de esos ataques dejó sin tratamiento a 25 pacientes de diálisis: «No había generador ni paneles solares. No se podía hacer nada».
El impacto se encadena: sin combustible, cientos de camiones de ayuda humanitaria están parados; el Programa Mundial de Alimentos ha sufrido siete ataques contra sus convoyes solo este año —veinte en los dos últimos— y ya recorta raciones y beneficiarios. La malnutrición aguda severa supera el umbral de emergencia en varias zonas del país, según UNICEF, y a la guerra se suma ahora la falta de lluvias en Darfur y Kordofán, que empuja a más familias a desplazarse en busca de comida. «Esto no va de política. Va de personas», resume Brown, que pide a la comunidad internacional intervención y financiación urgente. «No hay defensa posible para atacar repetidamente centrales eléctricas y gasolineras», insiste.
Expulsiones cruzadas con Etiopía
La guerra abrió además esta semana un frente diplomático con Etiopía. Jartum presentó el domingo una queja formal contra Adís Abeba ante el Consejo de Seguridad de la ONU y el Consejo de Paz y Seguridad de la Unión Africana, a la que acusa de permitir que las FAR lancen desde su territorio ataques con drones contra infraestructura civil sudanesa. Etiopía respondió ordenando a seis funcionarios del consulado de Sudán en la ciudad fronteriza de Asosa que abandonaran el país en 48 horas y cerrando la misión, según informaron funcionarios de ambos países a Reuters y AP. Sudán contestó horas después cerrando el consulado de Etiopía en la ciudad oriental de Gadarif y declarando persona non grata a su personal, al que dio igualmente 48 horas para salir. Ninguno de los dos gobiernos ha ofrecido pruebas públicas de sus respectivas versiones.
La escalada convierte el conflicto interno en un problema regional. Tanto las FAR como el Ejército han sido acusados por varias ONG de atrocidades contra civiles en más de tres años y medio de guerra. El conflicto, iniciado el 15 de abril de 2023, ha causado decenas de miles de muertos y ha obligado a huir a unos 14 millones de personas, una cuarta parte de la población, según los datos de la ONU de abril de 2026: unos nueve millones seguían entonces desplazados dentro del país y 4,4 millones habían cruzado las fronteras, sobre todo hacia Chad, Sudán del Sur y Egipto. Es la mayor crisis de desplazamiento del mundo, según la organización.
Sin frenos internacionales efectivos
La queja sudanesa llega cuando la ONU acaba de clausurar otra misión en la región: el Consejo de Seguridad no renovó la MINURSO en el Sáhara entre vetos cruzados, como contamos en nuestra crónica. Las próximas semanas dirán si la denuncia de Jartum prospera en algún tipo de mediación o si, como hasta ahora, la guerra sigue su curso.
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