El Tribunal Superior de Australia ha aceptado conocer el recurso de la líder de One Nation, Pauline Hanson, contra el fallo que en 2024 declaró que había vilipendiado racialmente a la senadora verde Mehreen Faruqi al decirle en redes sociales que se «fuera de vuelta a Pakistán». La decisión, conocida este jueves, abre la puerta a un juicio sobre la validez misma de la ley australiana contra la discriminación racial, en un caso que enfrenta la libertad de expresión con la protección frente a la vilificación.
De un tuit sobre la reina a los tribunales
El caso se remonta a septiembre de 2022, tras la muerte de Isabel II. Faruqi escribió entonces que no podía llorar a la líder de un imperio racista construido sobre vidas, tierras y riquezas robadas a los pueblos colonizados, y reivindicó el tratado con las primeras naciones y la república. Hanson le respondió con otro mensaje en el que, tras reprocharle que hubiera aprovechado la ciudadanía, las propiedades y el escaño, le espetó que si no era feliz hiciera las maletas y se fuera de vuelta a Pakistán, según la crónica de la cadena pública ABC.
En noviembre de 2024, el juez Angus Stewart consideró que la respuesta de Hanson era gravemente humillante y le ordenó borrar el tuit, al entender que vulneraba la ley de discriminación racial. La Corte Federal confirmó la decisión por unanimidad en julio de este año, al rechazar los siete motivos del recurso de la senadora, que en agosto pidió permiso especial para recurrir ante el Tribunal Superior. Ese permiso es el que se ha concedido hoy.
Un recurso contra la propia ley antidiscriminación
El recurso no se limita al tuit: impugna la validez de la legislación contra la discriminación racial con dos argumentos, que el Estado no tiene poder para dictar esas leyes y que vulneran la libertad implícita de comunicación política reconocida por la jurisprudencia australiana. Hanson sostuvo en sus escritos que el Tribunal Superior nunca ha examinado la validez de ciertas secciones de la norma y que, al tratarse de una disputa política entre dos senadoras en activo, el asunto reviste importancia pública.
En sus escritos, la senadora recordó además que el propio Tribunal Superior ha estado dividido en el pasado sobre si impedir comunicaciones ofensivas, insultantes o humillantes es un propósito legítimo de la ley, incluso cuando es probable que suscite una ira, indignación, disgusto u odio significativos. Fue Faruqi quien llevó el caso a los tribunales al sostener que los tuits vulneraban la Ley de Discriminación Racial.
El caso se convertirá así en un pulso sobre la sección 18C de la Ley de Discriminación Racial, el artículo que equilibra la libertad de expresión con la protección frente a la vilificación y que lleva años en el centro del debate político australiano. La vista se celebrará en una fecha aún por fijar, con Faruqi y la fiscal general del Estado, Michelle Rowland, como partes.
Hanson habla de libertad de expresión; Faruqi responde: adelante
Hanson celebró la decisión en la plataforma X: el caso siempre ha sido más grande que ella y que un tuit, escribió, y los australianos deben poder decir lo que piensan, cuestionar a su Gobierno y discrepar entre ellos sin miedo a ser silenciados. Faruqi respondió con un escueto adelante y un comunicado en el que aseguró que el máximo tribunal del país puede determinar de una vez que las personas están protegidas frente al racismo y que las personas racializadas, los migrantes y los musulmanes merecen sentirse seguros en el lugar que llaman hogar. Un portavoz de la fiscal general recordó, por su parte, que no hay lugar para el racismo ni el odio racial en la sociedad australiana y que la importancia de la sección 18C para la cohesión social es quizá mayor que nunca.
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