Australia ha endurecido de forma silenciosa las reglas para expulsar a inmigrantes o denegarles la entrada. Una serie de cambios en el test de carácter de los visados entró en vigor el pasado sábado 31 de octubre a través de una instrucción ministerial, la Ministerial Direction 123, sin necesidad de pasar por el Parlamento, informa la agencia australiana AAP.
El cambio ha traspasado el mar de Tasmania: la cadena neozelandesa TVNZ lo ha destacado este jueves por su impacto potencial sobre los ciudadanos de Nueva Zelanda que residen en Australia. El cambio de fondo está en un verbo: «podría» sustituye a «haría». A partir de ahora, los funcionarios que evalúan el potencial de un extranjero para hacer daño no necesitan que exista un delito probado ni una condena penal: la conducta que amenace la seguridad de la comunidad, la cohesión social, el respeto a la ley o los derechos humanos será suficiente para no superar el test y exponerse a la retirada del visado o al cierre de la frontera.
Además, la «fuerza, naturaleza y duración de los lazos con Australia» -los años que el migrante lleva en el país, su contribución a la comunidad y sus vínculos sociales- deja de ser una consideración primaria y pasa a un plano secundario a la hora de revocar un visado, según la comparación de ambas instrucciones. El interés superior de los menores, en cambio, sigue siendo una de las cuatro consideraciones primarias, junto a la protección de la comunidad, la violencia doméstica o familiar y las expectativas de la comunidad.
La instrucción, dictada al amparo de la sección 499 de la Ley de Migración, es de cumplimiento obligatorio para los funcionarios que deciden denegaciones y cancelaciones bajo la sección 501 y para quienes revisan las cancelaciones automáticas de presos. Se aplica a cualquier decisión tomada desde el 31 de octubre, incluidas las del tribunal administrativo en revisión, y deroga la Direction 110, en vigor desde junio de 2024. «La naturaleza inherente de ciertas conductas, como la violencia doméstica o familiar… es tan grave que incluso consideraciones compensatorias sólidas pueden resultar insuficientes para justificar no cancelar», dice el texto de la instrucción, que cita AAP.
De Bondi a NZYQ
La nueva redacción incorpora al test de carácter la relación con grupos de odio, los delitos de odio, el antisemitismo, el apoyo al terrorismo y las actitudes racistas, en línea con las leyes aprobadas tras la masacre de Bondi del pasado diciembre. La violencia familiar, incluida la cometida mediante imágenes o por medios digitales, también pesa ahora mucho más.
El endurecimiento es, en realidad, la última consecuencia de un fallo judicial de 2023. La sentencia conocida como NZYQ declaró inconstitucional detener a inmigrantes sin una esperanza razonable de poder enviarlos a otro país, lo que provocó la excarcelación de más de 200 personas, muchas de ellas con antecedentes penales. La protesta social llevó a Canberra a negociar en febrero de 2025 un acuerdo para trasladar a ese grupo a Nauru (Naoero), la pequeña república insular del Pacífico.
El ministro de Inmigración, Tony Burke, ha defendido el cambio con un argumento técnico: «Las instrucciones ministeriales siempre hay que actualizarlas. La instrucción anterior se escribió antes de que se alcanzara el nuevo acuerdo con Nauru y había interpretaciones que no eran coherentes con mi punto de vista», señaló en un comunicado, según AAP.
Mano dura contra la inmigración
La medida encaja en el giro del Gobierno laborista australiano para contener la inmigración en plena presión de la formación antiinmigración One Nation. En los últimos meses, Canberra ha endurecido los visados secundarios para estudiantes extranjeros, ha estrenado un sorteo para mochileros y la detención de quienes se quedan tras caducar el visado, con el objetivo de reducir el crecimiento de población por inmigración de casi 300.000 personas al año a una meta de 225.000 a largo plazo.
La oposición pide aún más. La coalición quiere que la cifra de migración neta caiga a 100.000 durante cuatro años tras las elecciones para estabilizarla después en 160.000, mientras One Nation propone que la migración sea temporalmente negativa antes de quedar limitada a 130.000 al año. En abril, la oposición convirtió además en política oficial exigir un test de valores australianos para aprobar visados, revisar las redes sociales de los solicitantes y acabar con las prestaciones sociales a quienes no tienen la ciudadanía, según el recuento de AAP.
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