El Gobierno prepara una regulación de los centros de datos para evitar que su crecimiento aumente el uso de gas y encarezca la electricidad. El País informa este jueves de que una memoria remitida al Consejo de Estado calcula un aumento del 200% en el coste variable de generación en un escenario de despliegue descontrolado. Esa cifra no significa que cada factura doméstica vaya a multiplicarse por tres: se refiere a una magnitud del sistema eléctrico y a una comparación entre escenarios.
Imagen de apertura: servidores de la Fundación Wikimedia en 2012. Archivo: no corresponden a un proyecto español citado en la regulación. Foto: Victor Grigas / Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0). Redimensionada.
La documentación pública del Ministerio para la Transición Ecológica confirma el problema que justifica el proyecto: las peticiones de acceso a la red superan ampliamente las previsiones de demanda y esos consumos necesitan energía durante muchas más horas que las de máxima producción solar. La propuesta busca acompañarlos de nueva generación renovable y ordenar el uso de una capacidad de red limitada.
Qué significa el aumento del 200% citado por El País
Según la información del diario, la memoria más reciente compara un escenario desregulado de diez gigavatios de potencia de computación con otro ordenado de un gigavatio. En esa comparación, el coste variable de generación subiría un 200%, el gas utilizado en los ciclos combinados aumentaría un 107% y las emisiones de dióxido de carbono crecerían un 65% en el horizonte de 2030.
Son los resultados de un escenario que recoge El País, que afirma haber tenido acceso a ese documento. No son una predicción cerrada sobre el recibo de un hogar ni datos de un aumento ya ocurrido. Coste variable de generación, precio mayorista y factura final son magnitudes distintas: del porcentaje citado no puede deducirse una subida idéntica en todos los contratos eléctricos.
La versión de la memoria disponible en el expediente de audiencia pública no permite comprobar directamente esos tres porcentajes. Por eso conviene separar las cifras de la versión descrita por el diario de los argumentos y requisitos que sí pueden consultarse en la documentación publicada por el ministerio.
Por qué una demanda constante necesita nueva energía
El expediente oficial explica que los consumos de los centros de datos son esencialmente planos. Eso significa que no se concentran únicamente en las horas en que hay más producción renovable. Sin flexibilidad adicional, una nueva demanda continua puede elevar la necesidad de generación y de respaldo cuando cae la producción solar o eólica.
El ministerio advierte de que, en un mercado marginalista como el español y el europeo, esa necesidad puede aumentar el uso del gas como tecnología marginal y, con ello, los precios para el conjunto de consumidores. También distingue estos consumos de otros procesos de electrificación: parte de la nueva demanda informática se añade al sistema, en lugar de sustituir directamente un consumo fósil existente.
La cuestión no es únicamente cuánta energía renovable hay en el balance anual. Importa también cuándo se produce y si coincide con las horas de funcionamiento de las instalaciones. Ese es el sentido de exigir adicionalidad y correspondencia temporal entre consumo y suministro limpio.
Permisos de acceso no equivalen a centros ya funcionando
El expediente oficial detalla que la red de transporte ha concedido más de seis gigavatios de capacidad de acceso a estas instalaciones desde la aprobación del Real Decreto-ley 8/2023. En distribución, desde 2020, se han otorgado alrededor de otros seis gigavatios. Son capacidades concedidas en periodos diferentes, no una medición del consumo efectivo actual.
La comparación con la Estrategia de Inteligencia Artificial exige otra distinción. Su previsión para 2030 es de 2,5 gigavatios de potencia de computación, equivalentes a entre 3,5 y cuatro gigavatios de demanda eléctrica. Mezclar ambas unidades daría una imagen incorrecta de la escala prevista.
La capacidad reservada también importa para otros usos. El ministerio quiere evitar que los proyectos menos firmes acaparen recursos que necesitan la electrificación industrial, el transporte o los desarrollos residenciales. Eso no demuestra que una promoción concreta esté paralizada por un centro de datos: describe un riesgo de planificación y de asignación de la red.
Una regulación en tramitación, no una obligación ya aprobada
El proyecto publicado plantea requisitos de soberanía digital, eficiencia energética y uso del agua, además de mecanismos para que los centros se acompañen de nueva generación renovable. La audiencia pública figura como cerrada en la página del ministerio. Ese estado no equivale por sí mismo a la aprobación del real decreto.
El País sitúa la versión posterior en el Consejo de Estado y describe obligaciones de adicionalidad, correlación horaria y posibles recargos o pérdida de permisos. Son condiciones de un texto en tramitación. Los umbrales, calendarios y consecuencias definitivos deben comprobarse en la norma que finalmente se apruebe, sin sumar como si fueran idénticas las distintas versiones del expediente.
El debate combina dos objetivos que el propio ministerio reconoce: aprovechar la inversión y la capacidad digital que aportan estas infraestructuras, y evitar que su despliegue reduzca la ventaja energética de la nueva producción renovable. La cifra más llamativa del informe no sustituye esa discusión ni permite anticipar una subida concreta en el recibo de la luz.
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